En una operación que apunta directamente al corazón financiero del Clan del Golfo, las autoridades lograron desarticular un esquema de lavado de activos que movía multimillonarias sumas de dinero provenientes de actividades criminales. La acción, liderada por la Fiscalía General de la Nación junto a unidades especiales de investigación, dejó como resultado la captura de tres personas señaladas de integrar la estructura financiera de esta organización ilegal.

De acuerdo con la investigación, los detenidos utilizaban un complejo entramado de empresas fachada, compras de bienes raíces y movimientos financieros simulados para blanquear capitales obtenidos por el narcotráfico y la extorsión. La Fiscalía los imputó por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que fueron avalados por un juez, quien determinó imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad dada la gravedad de los hechos y los riesgos procesales identificados.

Las autoridades destacaron que el golpe no solo se centró en las capturas, sino también en la recuperación de bienes relacionados con la red criminal. En el marco de la operación, se inició un proceso de extinción de dominio sobre propiedades avaluadas en más de 70.000 millones de pesos, entre estas 99 inmuebles, nueve sociedades comerciales, vehículos de alta gama y recursos financieros distribuidos en distintas cuentas. Estos bienes habrían sido adquiridos con ganancias ilegales para dar apariencia de legalidad a los recursos del grupo delincuencial.

Investigadores revelaron que la estructura funcionaba desde varios departamentos del país, aprovechando la actividad comercial para disfrazar ingresos ilícitos, mientras otros miembros del Clan del Golfo se encargaban de mover dinero en efectivo hacia puntos estratégicos, donde finalmente era “lavado” mediante transacciones y negocios simulados.

Las autoridades consideran que esta operación representa un duro revés para las finanzas del Clan del Golfo, ya que afecta directamente su capacidad de financiar actividades criminales, pagar armamento, sostener rutas de narcotráfico y garantizar el funcionamiento de sus redes locales.

El proceso judicial continuará avanzando mientras se realizan nuevas verificaciones sobre la posible participación de otros individuos y empresas. Las autoridades no descartan más capturas en los próximos días, pues el material analizado revela ramificaciones más amplias que están siendo rastreadas.